En los primeros días de su segundo mandato, Donald Trump lanzó una campaña de deportación masiva que incluye el arresto de 538 migrantes y la deportación de cientos más, catalogada por su gobierno como «la mayor» en la historia de Estados Unidos.
La Casa Blanca destaca que estas acciones cumplen con sus promesas de campaña, respaldadas por decretos como el restablecimiento del programa «Quédate en México» y la suspensión de las solicitudes de asilo.
La medida ha generado críticas, incluso de la ONU, que recuerda el derecho universal al asilo. En Newark, se denunció la detención ilegal de ciudadanos y migrantes sin órdenes judiciales, incluido un veterano militar, lo que fue calificado como inconstitucional por el alcalde local.
Mientras tanto, Trump busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento, aunque esta medida fue temporalmente bloqueada por un juez federal.
La campaña también incluye la ampliación del encarcelamiento preventivo de extranjeros en situación irregular sospechosos de delitos. Estas acciones reflejan la retórica de Trump, quien describe la inmigración irregular como una «invasión» que amenaza la seguridad nacional y la identidad cultural de Estados Unidos.
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