El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el miércoles la Ley Laken Riley, que se convertirá en la primera legislación de su segundo mandato. La ley exige la detención y posible deportación de inmigrantes acusados de delitos violentos o robo, incluso antes de ser condenados.
El proyecto de ley, que se aprobó rápidamente en el Congreso con el apoyo de los republicanos y algo de apoyo demócrata, ha sido criticado por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes alertan sobre las posibles consecuencias de una deportación masiva.
La ley, que lleva el nombre de Laken Riley, una joven asesinada por un inmigrante venezolano sin permiso de residencia, es vista por Trump como un paso importante en su ofensiva contra la inmigración ilegal.
Según la medida, los funcionarios federales deberán detener a cualquier inmigrante acusado de ciertos delitos, otorgando además a los fiscales generales estatales la capacidad de demandar al gobierno por decisiones federales de inmigración. Trump asegura que este proyecto de ley solo es el comienzo de un plan más amplio para combatir el crimen y restaurar el orden.
Sin embargo, la Ley Laken Riley enfrenta resistencia, especialmente por parte de los demócratas y grupos de derechos civiles, quienes argumentan que viola los derechos de los inmigrantes y podría llevar a detenciones masivas sin juicio previo.
La ACLU y otros defensores temen que la ley se convierta en una herramienta para un sistema de deportación masiva, además de generar una carga económica al requerir más centros de detención.
