Los fiscales generales de 22 estados demandaron al gobierno de Donald Trump por recortar fondos a la investigación médica en universidades de EE.UU. La demanda, presentada en un tribunal federal de Boston, impugna la decisión del Departamento de Salud y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de reducir los pagos destinados a costos indirectos, como infraestructura, laboratorios y personal, lo que podría afectar el desarrollo de tratamientos y vacunas.
Los estados advierten que estos recortes podrían frenar investigaciones clave sobre enfermedades como el cáncer, la adicción y las enfermedades infecciosas.
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, acusó al gobierno de Trump de «jugar a la política con la salud pública», mientras que el fiscal de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que la medida amenaza el progreso científico del país. Universidades como la de Michigan perderían cientos de millones de dólares, afectando cientos de estudios en curso.
Los NIH anunciaron la semana pasada que limitarán los fondos destinados a costos generales de las instituciones de investigación, reduciendo la cobertura del 50 % al 15 %.
Según la demanda, esto provocaría despidos masivos y la interrupción de investigaciones médicas esenciales. Los estados buscan que el tribunal declare ilegal el recorte, argumentando que pone en riesgo el desarrollo de avances científicos y la competitividad de EE.UU. en el ámbito médico.
