El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una creciente ola de demandas millonarias en tribunales federales, luego de que ciudadanos estadounidenses denunciaran haber sido detenidos y agredidos en redadas migratorias.
Entre los casos figuran un trabajador de la construcción arrestado en dos ocasiones a pesar de mostrar pruebas de su ciudadanía, y un anciano de 79 años que asegura haber sido golpeado y esposado mientras aún se recuperaba de una cirugía de corazón.
Las querellas, que exigen compensaciones de hasta 50 millones de dólares, acusan al Departamento de Seguridad Nacional de violar derechos constitucionales y aplicar un uso excesivo de la fuerza.
Organizaciones legales y abogados defensores sostienen que los operativos migratorios han cruzado los límites de la legalidad, afectando no solo a indocumentados, sino también a residentes legales y ciudadanos estadounidenses.
Uno de los casos más sonados es el de Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien afirma que agentes enmascarados lo detuvieron dos veces sin causa probable. Otro es el de Rafie Ollah Shouhed, dueño de un negocio en Los Ángeles, que terminó hospitalizado tras una redada en la que fue lanzado al suelo y retenido por casi 12 horas.
La serie de demandas, algunas colectivas, incluyen a decenas de personas que denuncian detenciones arbitrarias, maltratos y violaciones a la ley. Los abogados han advertido que elevarán las quejas incluso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que los abusos constituyen una práctica sistemática bajo la actual administración.
Un viejo de 79 años golpeado y esposado eso no tiene perdón.
Arrestar ciudadanos legales es como pegarse un tiro en el pie.
Otra vez el gobierno de Trump metido en líos por pasarse de la raya con la gente.