El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este domingo a la creciente presión de Estados Unidos con una propuesta regional: convocar a los países de la costa pacífica para discutir un tratado que permita enfrentar de manera conjunta las economías ilegales que operan en la zona. “Amenazar no sirve para nada”, afirmó el mandatario, insistiendo en que las tensiones actuales solo fortalecen a las mafias que se benefician del conflicto.
Petro explicó que ya había planteado esta idea al general Aquilino, exjefe del Comando del Pacífico de EE.UU., proponiendo una mesa de alto nivel con autoridades de Estados Unidos, China, México y Colombia, a la que también se sumarían Ecuador, Chile y Australia. El objetivo sería construir un pacto regional para frenar el tráfico de fentanilo, cocaína, armas y contrabando.
El presidente colombiano reiteró su rechazo a la estrategia del gobierno de Donald Trump, a quien ha criticado por adoptar un enfoque militarista que, según él, busca intimidar a América Latina. Petro ya había señalado que los bombardeos estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, pues Washington no ha presentado pruebas de que transportaran drogas.
Las declaraciones se dan justo después de que el Pentágono anunciara la operación militar “Lanza del Sur”, defendida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como una ofensiva para “eliminar narcoterroristas” y proteger a Estados Unidos del tráfico de drogas.
Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de la lucha antidrogas, lo que ha generado fuertes tensiones con Venezuela. Washington acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar un supuesto cártel, señalamientos que Caracas rechaza y califica como parte de una campaña de agresiones para justificar una intervención y apropiarse de la riqueza petrolera venezolana.
Estas acciones han recibido el rechazo de varios países y organismos internacionales. Rusia acusó a Estados Unidos de actuar “fuera de la ley”, mientras que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, así como los gobiernos de México, Colombia y Brasil, han condenado los ataques por considerarlos contrarios al derecho internacional.
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