El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su renuncia tras la condena emitida por el Tribunal Supremo, que lo declaró responsable del delito de revelación de datos reservados por la filtración del correo de un abogado relacionado con Alberto González Amador.
En una carta dirigida al Ministerio de Justicia, García Ortiz explicó que la sentencia implica su inhabilitación para continuar al frente del Ministerio Fiscal. Afirmó que, por respeto a las decisiones judiciales y para evitar un impacto institucional mayor, decidió dimitir sin esperar la publicación completa del fallo.
Sostuvo que se marcha convencido de haber actuado con sentido del deber y servicio público durante su mandato, iniciado en julio de 2022, y agradeció al Gobierno por la confianza que le otorgó al designarlo.
Mientras el Consejo de Ministros formaliza su salida —previsiblemente este martes— la responsabilidad recae temporalmente en la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
El Gobierno ya trabaja en el proceso de selección del nuevo fiscal general. El procedimiento incluye la elección de un jurista de prestigio con más de quince años de experiencia, un informe del Consejo General del Poder Judicial y una comparecencia del aspirante ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de que el Rey formalice el nombramiento mediante decreto publicado en el BOE.
Al menos dio la cara y se fue sin armar más lío
Parece que el Tribunal Supremo le cayó con todo sin contemplaciones
Eso fue un escándalo grande y la renuncia era de esperarse