La justicia salvadoreña impuso condenas que alcanzan varios siglos de prisión contra decenas de integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo una sentencia que supera los mil años de cárcel, informó este domingo la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el Ministerio Público, 248 miembros de esa estructura criminal fueron hallados culpables de al menos 43 homicidios y 42 desapariciones forzadas, además de otros delitos cometidos entre los años 2014 y 2022. Entre las víctimas figuran un estudiante universitario y una jugadora de fútbol, así como personas afectadas por extorsiones y actividades vinculadas al narcotráfico.
Uno de los pandilleros recibió una condena de 1,335 años de prisión, mientras que otros diez fueron sentenciados a penas que oscilan entre 463 y 958 años de cárcel. La Fiscalía no precisó si las condenas forman parte de juicios colectivos ni la fecha exacta en que se dictaron.
Según las autoridades, los condenados operaban desde distintas zonas de la provincia de La Libertad, donde habrían establecido bases para planificar asesinatos, desapariciones y extorsiones contra comerciantes y residentes, a quienes exigían pagos a cambio de no atentar contra sus vidas.
Estas sentencias se producen en el contexto del régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, una medida que ha permitido arrestos sin orden judicial y que ha llevado a la detención de más de 90,000 personas, de las cuales unas 8,000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia, según cifras oficiales.
Aunque el gobierno destaca una reducción histórica de los homicidios, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos cuestionan la falta de transparencia y el respeto al debido proceso. Samuel Ramírez, representante de un movimiento de familiares de presos, afirmó que si bien respalda la aplicación de la ley contra criminales, considera que las condenas extremas forman parte de una estrategia política y mediática.
Pese a las críticas, el modelo de seguridad impulsado por Bukele continúa generando interés en otros países de la región, donde algunos gobiernos han manifestado su intención de replicar medidas similares para enfrentar la delincuencia organizada.
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