La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú dictó este jueves una sentencia de 11 años, 11 meses y 15 días de prisión contra el expresidente Pedro Castillo, al concluir que el exmandatario intentó alterar el orden constitucional cuando anunció la disolución del Congreso en diciembre de 2022. Según el tribunal, Castillo incurrió en conspiración para una rebelión, aunque fue absuelto de otros cargos planteados por la Fiscalía.
El Ministerio Público inicialmente había solicitado hasta 34 años de prisión, pero modificó su petición durante la etapa final del proceso, tras descartarse los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Los jueces también determinaron que lo ocurrido no calificaba como rebelión debido a la ausencia de levantamiento armado, sino como un intento desde las altas esferas del poder.
Junto a Castillo también fueron condenados los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres. Chávez —refugiada en la Embajada de México en Lima— recibió la misma pena que el exmandatario, mientras que Torres fue sentenciado a 6 años y 8 meses, considerando su avanzada edad.
Castillo, quien acumula más de un año de prisión preventiva prorrogada, continúa alegando inocencia y afirma ser víctima de persecución política. En su última intervención ante el tribunal denunció que lo procesan “por sus orígenes” y reiteró no haber cometido actos de corrupción. Paralelamente, el Congreso peruano evalúa inhabilitarlo por 10 años, una decisión que deberá resolver el pleno.
La caída de Castillo tuvo lugar el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó cerrar el Parlamento horas antes de enfrentar su tercer intento de destitución. Fuerzas militares y policiales desconocieron la orden presidencial, calificándola como un acto contrario a la Constitución, lo que precipitó su detención y la crisis política que Perú arrastra desde entonces.
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