El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenado este jueves a cadena perpetua tras ser declarado culpable de liderar una insurrección por la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, en lo que se considera la mayor crisis política del país en décadas.
El fallo fue emitido por el juez Jee Kui-youn, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, quien concluyó que Yoon movilizó fuerzas militares y policiales para intentar tomar el control de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, detener a opositores políticos y establecer un poder sin límites constitucionales.
El 3 de diciembre de 2024, el entonces mandatario conservador declaró la ley marcial en un intento de sortear a un Parlamento dominado por la oposición progresista. La medida incluyó el despliegue de tropas para rodear la sede legislativa y la proclamación de amplios poderes extraordinarios.
El decreto contemplaba la suspensión de actividades políticas, el control de medios de comunicación y la posibilidad de realizar arrestos sin orden judicial. Sin embargo, la disposición solo estuvo vigente durante seis horas, luego de que un quórum de legisladores lograra ingresar al hemiciclo y votara por unanimidad para revocarla.
La decisión evocó episodios del pasado autoritario del país, cuando gobiernos respaldados por militares recurrían a estados de emergencia para contener protestas y reforzar su control.
Yoon fue suspendido el 14 de diciembre de 2024 tras ser sometido a juicio político por el Legislativo y posteriormente destituido de manera formal por la Corte Constitucional en abril de 2025. Desde julio pasado permanece bajo arresto mientras enfrenta varios procesos penales, siendo el delito de rebelión el más grave.
Durante la audiencia, el exmandatario defendió que su intención era advertir a la población sobre lo que calificó como una parálisis institucional provocada por la oposición y aseguró que respetaría cualquier decisión del Parlamento.
Sus abogados rechazaron la sentencia y denunciaron un supuesto “veredicto predeterminado”, al tiempo que evaluaban la posibilidad de presentar una apelación.
Por su parte, la fiscalía sostuvo que las acciones del expresidente excedieron los límites constitucionales, incluso bajo un régimen de excepción, y que buscaban impedir que el Legislativo revocara la medida.
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Otros opinan que el caso refleja lo profunda que fue la crisis política
Algunos creen que la justicia actuó con firmeza
Una condena a cadena perpetua contra un expresidente es algo histórico