República Dominicana.- El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la Ley 25-26, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Alerta para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominado “Alertas RD”, una herramienta diseñada para agilizar la respuesta de las autoridades ante reportes de desaparición en todo el territorio nacional.
La nueva legislación establece un marco jurídico que permitirá coordinar de manera más eficiente los esfuerzos de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía, con el objetivo de localizar personas desaparecidas en el menor tiempo posible.
Uno de los aspectos centrales de la ley es que la activación de las alertas deberá realizarse de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor de 24 horas después de recibida la denuncia, la cual podrá ser presentada tanto de forma presencial como por vía telefónica.
La normativa contempla distintos tipos de alertas según las características de la persona desaparecida. La Alerta Amberserá utilizada para casos de niños, niñas y adolescentes; la Alerta Silver para adultos mayores de 65 años; la Alerta Azulpara personas con discapacidad física o mental; y la Alerta Rosa para mujeres desaparecidas en contextos relacionados con violencia de género o trata de personas.
Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días, con posibilidad de ser renovadas cuantas veces sea necesario. Su difusión se realizará a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, terminales de transporte y boletines oficiales.
La ley también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada administrada por la Policía Nacional que permitirá el intercambio de información entre instituciones y contará con una plataforma de consulta pública. El sistema incluirá datos relevantes para la búsqueda, como fotografías, descripciones físicas y estatus de los casos, respetando las disposiciones sobre privacidad y protección de datos.
Para supervisar la aplicación de la normativa se conformará el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía e integrado por diversas entidades gubernamentales vinculadas a la seguridad, la justicia, la protección social y la atención de emergencias.
Asimismo, la legislación contempla sanciones para los servidores públicos que incumplan los protocolos establecidos, oculten información o dificulten los procedimientos de búsqueda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de sus actuaciones.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la capacidad de respuesta institucional y aumentar las posibilidades de localización de personas desaparecidas mediante mecanismos de coordinación y difusión inmediata a nivel nacional.
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