República Dominicana.– El Congreso Nacional iniciará el estudio de una propuesta que modifica 19 artículos del nuevo Código Penal, con cambios dirigidos a atender las observaciones de distintos sectores sobre la libertad de expresión, la protección de funcionarios públicos y otros tipos penales.
Entre las modificaciones más relevantes figura la eliminación del delito de ultraje contra funcionarios públicos en sentido general. La iniciativa redefine esta figura como ultraje jurisdiccional, por lo que solo aplicaría a ofensas dirigidas contra jueces, miembros del Ministerio Público y secretarios judiciales durante el ejercicio de sus funciones.
El proyecto también plantea reducir las penas por difamación. Mientras el texto vigente contempla sanciones de hasta cinco años de prisión, la propuesta establece un rango de uno a dos años, además de eliminar el agravante cuando el hecho sea cometido a través de medios de comunicación, plataformas digitales o redes sociales.
Otra de las novedades incorpora una excepción para proteger las denuncias y críticas relacionadas con actos de corrupción o el ejercicio de la función pública, siempre que estén sustentadas en pruebas, de modo que no sean consideradas difamatorias.
En cuanto a la difusión de imágenes, audios y videos sin consentimiento, la reforma precisa que solo será sancionable cuando el material haya sido obtenido en un ámbito privado o de confidencialidad. Asimismo, elimina las disposiciones que castigaban la publicación de contenido alterado mediante montajes y el aumento de penas por su difusión en plataformas digitales.
La propuesta también introduce cambios en otros delitos. Sustituye el término «bullying» por «hostigamiento», exige que la conducta sea reiterada para ser sancionada, aumenta las penas por acoso agravado y proxenetismo, reduce la sanción por perjurio y amplía la responsabilidad penal de los médicos que emitan certificados de salud falsos, tanto en el sector público como en el privado.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que la iniciativa fue remitida a una comisión bicameral, la cual analizará estas modificaciones junto a otras propuestas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Además, el Congreso mantendrá abierto hasta el 15 de julio el proceso para recibir nuevas observaciones de la sociedad civil, juristas y otros sectores.
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