República Dominicana.– Los abogados Julio Cury, José Alberto Cruceta hijo y Víctor León Morel presentaron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la anulación de cinco artículos del nuevo Código Penal, al considerar que vulneran principios establecidos en la Constitución.
La acción, depositada el 27 de julio, impugna disposiciones de la Ley 74-25, que crea el nuevo Código Penal, así como una modificación introducida por la Ley 44-26. Los juristas sostienen que los artículos cuestionados contienen conceptos imprecisos que afectan los principios de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica.
El recurso busca la nulidad de los artículos 284 (corrupción pública), 290 (contratos sin requisitos legales), 297 (enriquecimiento ilícito), 299 (alteración de precios) y 310 (ultraje en el ámbito jurisdiccional), este último modificado posteriormente por la Ley 44-26.
Según los accionantes, algunas de estas disposiciones utilizan expresiones demasiado amplias o ambiguas, lo que podría dar lugar a interpretaciones discrecional por parte de los tribunales. Entre sus objeciones, señalan que el artículo sobre corrupción pública emplea términos como «cualquier acto», mientras que el relativo a contratos sin requisitos legales no especifica cuáles son los requisitos cuya omisión constituye un delito.
Asimismo, argumentan que el artículo sobre enriquecimiento ilícito carece de criterios claros para determinar la desproporción patrimonial y que las disposiciones sobre alteración de precios y ultraje jurisdiccional podrían afectar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.
Como petición principal, solicitan que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de los cinco artículos y los excluya del ordenamiento jurídico. De manera subsidiaria, piden que el alto tribunal emita una sentencia interpretativa que delimite el alcance de esas normas conforme a las garantías constitucionales.
Además, los abogados solicitaron que este recurso sea conocido de forma conjunta con otras acciones similares presentadas contra el nuevo Código Penal, entre ellas la sometida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
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