El nuevo Código Penal dominicano ha sido señalado como la principal amenaza para el ejercicio del periodismo en el país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, según advirtieron los juristas Trajano Vidal Potentini, Julio César de la Rosa y César Amadeo Peralta, durante un conversatorio organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
El panel se realizó el miércoles 24 de junio en la sede del CDP, en la avenida George Washington, en el sector Centro de los Héroes de Santo Domingo, y contó con la participación de representantes del gremio y del ámbito jurídico, quienes analizaron el alcance de la Ley 74-25.
Durante sus intervenciones, los juristas advirtieron que la nueva normativa contempla disposiciones que podrían afectar directamente la libertad de prensa, incluyendo el cierre de programas y medios de comunicación, el decomiso de equipos e instrumentos de trabajo, la no renovación de licencias, así como la incautación de bienes personales de periodistas o ciudadanos para el pago de indemnizaciones.
Asimismo, señalaron la posibilidad de inhabilitación profesional permanente en determinados casos, lo que —a su juicio— representaría un impacto sin precedentes para el ejercicio del periodismo en la República Dominicana.
Los especialistas también cuestionaron la inclusión de figuras penales como la “difamación extorsiva”, que, según explicaron, podría conllevar penas de cinco a diez años de prisión, así como la acumulación de condenas que podría elevar las sanciones hasta 60 años en determinados escenarios.
De igual forma, señalaron el artículo 379, que sanciona la difusión de información falsa o la omisión de datos requeridos por organismos de seguridad, lo que, según indicaron, podría colocar a periodistas y ciudadanos en la posición de “agentes de información”.
También criticaron disposiciones relacionadas con la difusión o reenvío de imágenes, audios o videos, así como la penalización de contenidos alterados o de carácter íntimo, con penas que irían desde meses de prisión hasta varios años de cárcel.
Otro de los puntos señalados fue el artículo 310, relativo al ultraje a funcionarios públicos, que contempla penas de prisión y multas calculadas en función del salario del funcionario afectado, lo que —según los juristas— podría agravar la situación debido al nivel de ingresos de muchos cargos públicos.
Asimismo, advirtieron que los procesos serían de acción pública a instancia privada, lo que permitiría que el propio funcionario decida impulsar las acciones legales, lo que podría influir en la independencia de los procesos judiciales.
Los expertos indicaron que la legislación introduce la denominada “responsabilidad en cascada”, que podría extenderse a comunicadores, ejecutivos, propietarios de medios y a las propias empresas informativas por contenidos difundidos.
En ese sentido, alertaron que el temor a sanciones podría generar autocensura en los medios de comunicación, afectando el debate público y el ejercicio del periodismo crítico.
Trajano Vidal Potentini afirmó que la ley contiene disposiciones que deben ser revisadas para garantizar la protección del periodismo, cuya función —según dijo— no es aplaudir a los funcionarios, sino ejercer una labor de fiscalización crítica.
Por su parte, Julio César de la Rosa consideró que, de entrar en vigencia sin modificaciones, el país contaría con una normativa “inmanejable e inaceptable” para el ejercicio de la comunicación social.
En tanto, César Amadeo Peralta citó múltiples artículos del nuevo Código Penal que, a su juicio, impactan directamente al sector, entre ellos los artículos 29, 121, 123, 192, 208, 209, 210, 310, 370 y 379.
Entrada en vigencia y debate nacional
El nuevo Código Penal, que contempla su entrada en vigor el próximo 3 de agosto, continúa generando debate en distintos sectores sociales, jurídicos y de la comunicación, en medio de llamados a su revisión antes de su aplicación definitiva.
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