República Dominicana.- Los diputados por el municipio Santo Domingo Norte, Carlos Pérez y Eudy Maldonado depositaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución mediante el cual solicitan a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la revisión e investigación del procedimiento de excepción iniciado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para el alquiler de camiones recolectores de desechos sólidos por un monto de RD$114,500,000.00.
Los legisladores expresaron su preocupación por las serias interrogantes jurídicas y financieras que rodean este proceso, debido a que la propia administración municipal ha fundamentado sus actuaciones en una situación de urgencia derivada de la crisis de los residuos sólidos, problemática que ya había sido reconocida meses atrás mediante la Resolución No. 10/2026 del Concejo de Regidores de Santo Domingo Norte.
En ese sentido, señalaron que resulta necesario esclarecer si las circunstancias actuales constituyen una situación extraordinaria e imprevisible, como exige la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, o si, por el contrario, se trata de una situación que la administración municipal conocía desde hace meses y que debió ser objeto de planificación y contratación ordinaria.
“Si el municipio fue declarado en estado de urgencia hace meses por la problemática de la basura, corresponde explicar qué medidas se adoptaron durante ese tiempo y por qué se llega nuevamente a un procedimiento de excepción. La ley establece que las excepciones deben ser extraordinarias y debidamente justificadas”, expresaron ambos legisladores.
Asimismo, los diputados manifestaron su preocupación por el monto de la contratación, ascendente a RD$114,500,000.00, destinado únicamente para un período de tres (3) meses.
Esto equivale a un gasto aproximado de RD$38.1 millones mensuales, cifra que representa un incremento significativo respecto a los aproximadamente RD$25 millones mensuales que históricamente se destinaban para la prestación del servicio de recogida de desechos sólidos en el municipio.
Los legisladores recordaron además que el Gobierno dominicano, a través de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, ha puesto en marcha el programa “Basura Cero”, mediante el cual se han destinado RD$302 millones adicionales para fortalecer la gestión de residuos sólidos en los municipios del Gran Santo Domingo. Estos recursos representan cerca de RD$73 millones trimestrales, equivalentes a unos RD$24.3 millones mensuales adicionales, que se suman a los fondos ordinarios destinados a la recogida de desechos.
Según explicaron, esto supone que los recursos disponibles para este servicio rondarían los RD$60 millones mensuales, por lo que consideran aún más necesario que las autoridades municipales expliquen de manera transparente la necesidad y justificación de una contratación excepcional por RD$114.5 millones.
“Estamos hablando de más de ciento catorce millones de pesos por apenas tres meses de alquiler de camiones. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué justifica un aumento tan significativo en el costo del servicio y cuáles son los estudios técnicos, financieros y legales que sustentan esta decisión”, indicaron.
De igual manera, señalaron que la discusión no debe centrarse únicamente en el monto total del proceso, sino también en la forma en que se están utilizando los recursos destinados al manejo de residuos sólidos, incluyendo los aportes extraordinarios provenientes del programa Basura Cero, los cuales fueron concebidos precisamente para fortalecer la capacidad operativa de los municipios frente a la crisis de los desechos.
Los diputados aclararon que su iniciativa no busca obstaculizar la prestación del servicio de recogida de basura, el cual constituye un servicio público esencial para la salud y la calidad de vida de la población, sino garantizar que los recursos públicos sean administrados con transparencia, eficiencia y estricto apego a la ley.
Finalmente, hicieron un llamado a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que revise el procedimiento y determine si el mismo cumple con las disposiciones legales aplicables, así como a las autoridades municipales para que ofrezcan todas las explicaciones necesarias a la ciudadanía.
“Defender la transparencia es defender a Santo Domingo Norte. Los recursos del pueblo son sagrados y cada peso invertido debe estar debidamente justificado y sometido al escrutinio de la ley y de la ciudadanía”.
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