En la República Dominicana parece que hay quienes confunden la inteligencia con la astucia. Las denuncias sobre espionaje telefónico ilegal son demasiado serias para ser despachadas con silencio o indiferencia.
Intervenir una línea telefónica sin una orden judicial no es una travesura, ni una estrategia política, ni un simple exceso de entusiasmo. Es una violación de la Constitución, de la ley y del derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos.
Más preocupante aún es que estas denuncias surjan en momentos en que el ambiente político comienza a calentarse. La competencia democrática debe librarse con propuestas, liderazgo y capacidad de convencer a la gente, no pegando la oreja donde no corresponde ni tratando de obtener ventajas mediante prácticas que vulneran derechos.
Si alguien está escuchando conversaciones privadas al margen de la ley, las autoridades tienen la obligación de investigarlo sin titubeos. El Ministerio Público, la justicia y los organismos competentes no pueden hacerse los distraídos ante denuncias de esta naturaleza. Su responsabilidad es determinar qué está ocurriendo, quiénes son los responsables y aplicar las sanciones que correspondan.
Porque en una democracia las ideas se enfrentan en las urnas, no escuchando conversaciones ajenas. Cuando la privacidad de los ciudadanos deja de estar protegida, lo que está en juego no es solo un teléfono intervenido, sino la confianza de toda una sociedad en el Estado de derecho. Y cuando se pierde la confianza en las instituciones, pierde la democracia.
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Ninguna democracia puede fortalecer sus instituciones ignorando acusaciones de esta naturaleza.
La privacidad de los ciudadanos es un derecho que debe ser protegido.
Las denuncias de espionaje ilegal deben investigarse con total transparencia.