Un comité del Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, declaró este jueves en desacato al exdirector de la respuesta federal contra el covid-19, Anthony Fauci, tras negarse a responder las preguntas de los legisladores durante una audiencia celebrada la semana pasada.
Fauci, de 85 años, invocó su derecho constitucional a guardar silencio por recomendación de sus abogados, ante lo que calificó como un interrogatorio hostil por parte de senadores republicanos.
La resolución de desacato deberá ser conocida por el pleno del Senado, donde los republicanos mantienen una estrecha mayoría. No obstante, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el senador Rand Paul, anunció su intención de remitir directamente la resolución al Departamento de Justicia para que evalúe posibles acciones legales.
En Estados Unidos, una condena por desacato al Congreso puede conllevar sanciones penales, incluida la prisión. En años recientes, los exasesores del presidente Donald Trump Steve Bannon y Peter Navarro fueron condenados por este delito.
Rand Paul ha centrado gran parte de su labor legislativa en investigar los orígenes del covid-19. La semana pasada difundió el diario personal que Fauci escribió durante la pandemia, al considerar que el documento refleja dudas sobre el origen del virus y sobre investigaciones financiadas por Estados Unidos en laboratorios extranjeros antes del brote.
Por su parte, Fauci sostiene que el senador mantiene una persecución personal en su contra y que cualquier respuesta podría ser utilizada para incriminarlo, motivo por el que se negó a contestar más de un centenar de preguntas durante la audiencia.
Los senadores demócratas rechazaron la resolución al considerar que no existía una base jurídica suficiente para declarar a Fauci en desacato. El senador Gary Peters afirmó que el comité no presentó fundamentos legales sólidos para sustentar la medida.
Rand Paul sostiene que el perdón preventivo concedido a Fauci por el expresidente Joe Biden únicamente cubre actuaciones relacionadas con su gestión durante la pandemia, por lo que, a su juicio, no impediría un eventual proceso por hechos posteriores.
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