El expediente acusatorio del Ministerio Público de la red de criminalidad organizada denominada Operación Falcón, detalla que los cabecillas crearon una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana y hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.
De acuerdo a la acusación, los implicados “financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldía y los concejos municipales con el objetivo de tener incidencia y poder”, para obtener impunidad.
En cuanto al tráfico de armas, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares, como los fusiles.
En materia de lavado, colocaron millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganado, relojes costosos, entre otras cosas.
Además, transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras. Los imputados trataban de darle apariencia legal a sus negocios a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de sus fortunas, de acuerdo al documento.
El Ministerio Público expresa que integraron parte de los capitales ilícitos en el mercado con la finalidad de crear una serie de estratos y así complicar la tarea de determinar la manera en que el dinero ingresaba a la economía legal o la forma en que se disponía de ellos.
Además, se hicieron ayudar de abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados para evadir la justicia. Adquirieron la totalidad de las propiedades de algunos servicios, como el caso de las estaciones de combustibles de Miches.
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