Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, son los diputados contra los que la Procuraduría General de la República ha solicitado un juez especial a la Suprema Corte de Justicia por su alegada vinculación a una red de narcotráfico, lavados de activos y otros delitos, la cual fue “desmantelada” en la Operación Falcón.
En la solicitud del magistrado, realizada este miércoles mediante instancia por Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, fue que se reveló el nombre de la diputada Faustina Guerrero Cabrera como alegada integrante de la red desmantelada la semana pasada mediante múltiples allanamientos y por la cual hay, hasta el momento, más de 20 personas presas y tres prófugos.
Guerrero Cabrera es diputada de El Seibo por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y esposa de Juan Maldonado Castro, suspendido director de Comunidad Digna, después de que fuera también vinculado a la investigación del Ministerio Público, que lo señala como miembro de la red. Castro también fue diputado.
Sin embargo, una nota que suministró la Procuraduría General de la República, tanto Faustina Guerrero Cabrera como los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil y Héctor Darío Féliz Féliz están acusados de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego. La imputación es “de forma provisional”.
“A los legisladores se les imputa violación a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano”, acota la nota del Ministerio Público.
El órgano aclaró que estos tres congresistas fueron escogidos en las elecciones del año 2020 y, por lo tanto, tienen privilegio de jurisdicción, en virtud del artículo 154 de la Constitución de República Dominicana.
Precisamente por ello, este miércoles la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso depositó la instancia en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la cual solicita a su presidente, Luis Henry Molina, que designe un juez especial para conocer el caso de los diputados.
A la presunta red se le ocupó bienes millonarios, entre ellos estaciones de combustibles, discotecas, dealers, armas de fuego de alto calibre. También supuestamente financiaban campañas políticas y una academia de béisbol, entre otras cosas.
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