La Audiencia Nacional de España volvió a imputar al presidente de la petroquímica Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente del banco español Caixabank Isidre Fainé, en un caso de supuesto espionaje.
El tribunal revocó el sobreseimiento de la causa contra los directivos, abierta en abril de 2021 y archivada en julio, a fin de que «se practiquen determinadas diligencias que considera procedentes y necesarias», según comunicó este lunes.
La Audiencia Nacional apunta a la existencia de «indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos» en un encargo que los presidentes de Repsol y CaixaBank hicieron al grupo Cenyt, liderado por el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo.
El tribunal cree que Brufau y Fainé recurrieron a Villarejo, conocido por su involucración en varias tramas de corrupción, para espiar al expresidente de la empresa de construcción Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero, entre 2011 y 2012.
El encargo se habría enmascarado en un intento de Del Rivero de tomar el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex, en un momento en que CaixaBank (entonces La Caixa) tenía una importante participación en la energética española.
Las dos empresas pagaron al grupo Cenyt para llevar a cabo «determinadas investigaciones» sobre Del Rivero, su esposa y personas vinculadas a Sacyr «que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones», de acuerdo a la Audiencia.
El tribunal analizó las declaraciones realizadas en el juzgado por Brufau y el responsable de seguridad de Repsol, Rafael Araujo, y concluye que «hay indicios de que la orden de investigar pudo partir de la presidencia de Repsol y de que el presidente pudo ser informado de sus resultados».
En cuanto al expresidente de Caixabank, el auto sostiene que el directivo «explicó estar de acuerdo, al hablar con Brufau, en que los departamentos de seguridad de sus respectivas compañías colaborasen en el asunto SaCYR-PEMEX y de que sus respectivos responsables de seguridad se reuniesen para tratar con el grupo CENYT».
La Audiencia también ordena reabrir la investigación contra Repsol y Caixabank como personas jurídicas, al considerar que «hay base indiciaria suficiente para contemplar una posible exigencia de responsabilidad penal de ambas compañías».
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