En el momento de mayor tensión política y en medio de un clima destituyente, el presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó este lunes en el Congreso un proyecto para que el 2 de octubre, a la par de las elecciones regionales y municipales, se haga una consulta popular para que la ciudadanía apruebe o rechace una eventual reforma de la Constitución.
Sin embargo, la actual carta magna no permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por lo que la iniciativa de Castillo contempla también una reforma constitucional previa, a fin de incluir un nuevo artículo que avale la activación de los mecanismos necesarios para llevarla adelante.
Más allá de eso, la convocatoria de un referendo para una reforma constitucional requiere de la aprobación del Congreso con una mayoría absoluta de sus miembros. El mandatario dijo que sabe que el Parlamento es el que tiene en sus manos la potestad de aprobar la propuesta, y desde los bloques opositores ya anticipan un rechazo.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró en declaraciones a la prensa que el proyecto del Gobierno tiene como objetivo «cerrar» la Cámara en una suerte de «golpe de Estado».
«Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere. Desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso», manifestó Alva y catalogó la propuesta de «inviable», según informó RPP.
Al realizar este lunes una presentación oficial del proyecto, el primer ministro Aníbal Torres aclaró que «ni el presidente de la República, ni los ministros de Estado van a redactar una sola letra de esa Constitución». Asimismo, agregó que «todos los organismos constitucionales autónomos y demás entidades públicas mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones».
Martha Moyano (Fuerza Popular), miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, aseguró a Perú 21 que el proyecto de ley no sería aprobado en ese grupo debido a que el presidente «no ha respetado el debido proceso para realizar reformas en la Constitución». Si bien la comisión tiene 19 congresistas de diversas fuerzas, es probable que el plan del Gobierno no llegue a ser debatido en el Pleno, ya que muchos lo consideran no solo inconstitucional, sino también inoportuno.
«Social y económicamente resulta impertinente (la presentación del proyecto) porque acentúa incertidumbre y nos distrae de los temas de fondo que son el trabajo, la inversión, el alza de precios», opinó Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso).
