El gobierno del Reino Unido aprobó este viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje por la publicación de una gran cantidad de documentos clasificados hace más de una década. Fue la secretaria de Interior, Priti Patel, quien firmó la orden, según explicaron las autoridades.
La medida se produce luego de que un tribunal dictaminara que podía ser extraditado a Estados Unidos y es un paso importante en la batalla iniciada por Assange hace años para evitar comparecer ante la Justicia de ese país.
Sin embargo la decisión no resulta final en tanto Assange tiene 14 días para recurrir.
De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio del Interior, “los tribunales de Gran Bretaña no han encontrado que extraditar al señor Assange pueda ser opresivo, injusto o un abuso procesal”. Asimismo se destacó que “tampoco se ha determinado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, incluyendo su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión, y que mientras esté en Estados Unidos será tratado de forma adecuada, incluyendo en relación con su salud”.
Estados Unidos había solicitado a las autoridades británicas la extradición de Assange para que pueda ser juzgado por 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras. La fiscalía sostiene que ayudó ilegalmente a Chelsea Manning, analista de inteligencia del Ejército, a robar cables diplomáticos y archivos militares clasificados que fueron publicados después por WikiLeaks y que pusieron muchas vidas en peligro.
“Hoy no es el final de la lucha. Es el comienzo de una nueva batalla legal”, dijo la esposa de Assange, Stella, y agregó que la decisión es “un día oscuro para la libertad de prensa y para la democracia británica”.
“Julian no hizo nada malo”, insistió la mujer y añadió: “No ha cometido ningún delito y no es un criminal. Es un periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo”.
Luego de una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo del país, un juez aprobó la extradición en abril, pero dejó la decisión final en manos del ejecutivo. En este contexto, sin embargo, organizaciones de periodistas y grupos de derechos humanos habían pedido a Londres que rechazase el pedido de Washington.
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