Autoridades mexicanas detuvieron este viernes al responsable de las cuestionadas investigaciones por la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014, un día después de que un informe oficial revelara la participación de funcionarios y militares en este «crimen de Estado».
El exprocurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por «desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia», en el marco del llamado caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General en un comunicado.
Murillo Karam es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas.
Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México durante 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.
Murillo Karam, quien no opuso resistencia, quedará preso en un reclusorio de la capital, señaló la Presidencia. El PRI aseguró que la detención «responde más a un tema político que de justicia».
La captura se produjo horas después de que el presidente Andrés López Obrador pidiera «dar a conocer la verdad y castigar» a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un «crimen de Estado».
El documento asegura que militares y funcionarios, por sus «acciones, omisiones o participación», permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más por parte del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
«Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos», añadió el mandatario izquierdista en Tijuana (norte).
No se ha informado el rango de los uniformados o si siguen activos. Previo a su difusión pública, el presidente escuchó el informe el jueves junto con las familias de las víctimas.
«Dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Les expresé mi dolor, mi tristeza», comentó.
Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció Vidulfo Rosales, abogado de los padres.
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