Tras el estallido de las protestas en Santa Cruz por la detención del gobernador de la entidad, Luis Fernando Camacho, el pasado 28 de diciembre, los cruceños decidieron adoptar medidas de «desobediencia civil» para evitar que los ingresos departamentales vayan al Gobierno boliviano.
Una de las medidas acogidas sería la no emisión de facturas en los comercios, para restar ingresos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Esta acción, por ejemplo, se toma en restaurantes, donde los comensales son advertidos de que no recibirán el documento.
Otra de las acciones es la suspensión de aportes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), que le competen como casa de estudios superiores, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Esa universidad también resolvió establecer un descuento obligatorio del 1 % del sueldo a su personal docente y administrativo, con el objetivo de usar esos recursos para financiar varias comisiones que conformaron para ‘atender’ el conflicto.
Otra medida que podrían adoptar los cruceños sería el recorte de recursos económicos y bienes a la Policía, un órgano al que acusan de «excesos» durante su actuar ante las manifestaciones.
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