La Justicia española modificó el procesamiento de cinco líderes independentistas de Cataluña, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la entrada en vigor este 12 de enero del Código Penal que no contempla el delito de sedición.
El magistrado Pablo Llarena, de la Sala II del Tribunal Supremo, aclaró en un auto emitido este 12 de enero las consecuencias de esta reforma para los procesados que han sido declarados en rebeldía: el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, los exconsejeros Antonio Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí, y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira.
Para el juez Llarena, los hechos no encajan en el delito de desórdenes públicos y la reforma en cuestión ofrece «un contexto cercano a la despenalización».
Al mismo tiempo, el magistrado se pronunció por mantener el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por un delito de malversación de caudales públicos, alegando que la reforma no da motivo para eliminar o minorar la pena prevista en la tipificación que hoy se deroga.
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