Una nueva ley contra la injerencia extranjera fue aprobada por el Parlamento de Singapur y establece cuantiosas multas para los infractores e incluso prisión de hasta 14 años.
Según ese documento de 249 páginas que se publicó en la web del Legislativo, la injerencia extranjera, quien haga daño a la seguridad y el orden público de Singapur o a sus relaciones con otros Estados, se castigará con una multa de hasta 100.000 dólares singapurenses (73.500 dólares USA) y/o con la prisión de hasta 14 años para las personas físicas y con una multa de hasta un millón de dólares singapurenses para las entidades jurídicas y las organizaciones.
La ley inviste a las autoridades de Singapur del derecho a prohibir en el territorio del país los sitios de internet, plataformas, portales y aplicaciones que a su juicio propagan contenido dañino. Tras entrar en vigor la prohibición, cualquier cooperación con tales recursos, incluida la publicación de anuncios publicitarios, se calificará como delito y se castigará con una multa grande o/y con prisión de hasta dos años.
Se calificará como delito también la negativa de proporcionar al Estado la información sobre los autores de los contenidos y los datos técnicos, incluidos los de software.
Esa ley, aprobada el 4 de octubre tras unos debates de más de 10 horas, se incluyó en la agenda del Parlamento hace tres semanas, y antes se había estudiado durante tres años en diversas comisiones y grupos de trabajo instituidos por el Legislativo y las autoridades de Singapur.
A juicio de los autores del proyecto de ley, la injerencia extranjera mediante internet y redes sociales representa una seria amenaza para la soberanía y la seguridad nacional de Singapur. El Ministerio del Interior del país emitió una declaración al respecto antes de que el proyecto de ley se elevara al Parlamento.
El Ministerio del Interior subrayó en su declaración que en el siglo de internet la injerencia extranjera en los asuntos internos puede realizarse con mucha mayor facilidad, agregando que impedir tales intentos es de importancia vital y debe tener una sólida base jurídica.
«La ley garantizará a los ciudadanos de Singapur la posibilidad de decidir ellos mismos cómo dirigir su país y cómo vivir», subrayó el ministerio.
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