Las tensiones entre Argentina y Venezuela subieron de tono este lunes en La Haya, justo al inicio de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Buenos Aires reclamó una acción “inmediata” del tribunal ante el deterioro de la situación en Venezuela, mientras que Caracas respondió acusando al gobierno de Javier Milei de presentarse como un “falso defensor” de los derechos humanos.
El representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, señaló que las “elecciones fraudulentas” celebradas en Venezuela en julio de 2024 profundizaron la crisis institucional. También lamentó que, desde la apertura formal de la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2021, no se perciban avances significativos por parte de la CPI.
Sadofschi aseguró que las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros posibles crímenes de lesa humanidad requieren investigaciones rigurosas y rápidas, acompañadas —si corresponde— de órdenes de arresto contra los responsables.
La respuesta venezolana fue inmediata. Su embajador, Héctor Constant Rosales, acusó a Argentina de intentar “politizar” la Asamblea con ataques directos al gobierno de Maduro. Además, criticó la postura de Buenos Aires en organismos multilaterales y recordó que recientemente votó en contra de resoluciones clave de la ONU sobre tortura y derechos humanos, lo que —dijo— deja en evidencia su papel de “falso defensor”.
El cruce entre ambas delegaciones se convirtió en uno de los momentos más tensos del primer día de la conferencia, que esta semana examina, entre otros temas, el avance de las investigaciones aún abiertas y el nivel de cooperación de los Estados con la CPI.
Argentina aclaró más tarde que su decisión de no bloquear el consenso de la Asamblea no debe interpretarse como ningún gesto político hacia Venezuela, sino como una muestra de su compromiso con el funcionamiento del tribunal.
Caracas, por su parte, justificó su deuda con la CPI alegando que las sanciones internacionales —especialmente las de Estados Unidos— dificultan el pago. Aseguró que, una vez levantadas esas medidas, podrá cumplir sus obligaciones financieras.
Todo ocurrió minutos después de que la Fiscalía de la CPI anunciara el cierre de su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en la cooperación venezolana. Aunque la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad comenzó en 2018, Venezuela ha intentado frenar el proceso alegando que investiga internamente los abusos denunciados. La Corte rechazó ese argumento en 2023 y autorizó continuar con las pesquisas.
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Eso de ‘acción inmediata’ fue un fuetazo diplomático.
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Arrancó la asamblea y ya tan’ tirándose fuegos por arriba.”