República Dominicana.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana confirmó las denuncias de irregularidades en los contratos para la compra del material asfáltico AC-30 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP), dirigido entonces por Gonzalo Castillo, y la empresa General Supply Corporation.
Entre las anomalías encontradas en la investigación está que se pagó, sin evidencias de soporte documental, el monto de RD$3,500,000,000, por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la retribución del 10 % en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa.
Asimismo, una diferencia en AC-30 importado, versus el facturado, por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalentes a RD$359,712,488, según el Informe de la Investigación Especial Practicada al Suministro de Material Asfáltico AC-30 entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa General Supply Corporation, SRL. El documento fue subido la noche de este jueves a la página web de la Cámara de Cuentas.
Esta investigación se merealizó a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en fecha 13 de mayo de 2021.
También se encontró “excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD$3,767,329; pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD$484,117,400 y pagos realizados sin evidencia de certificación DGII y TSS, ascendentes a RD$422,992,993”, dice el documento.
Además, se encontró en el peritaje que hubo ejecución de contrato sin evidencia de poder especial presidencial; contrato sin cláusula del monto contratado y tampoco se halló evidencia de registro en la Contraloría General de la República.
La Cámara de Cuentas también halló evidencias de adquisición de cemento asfáltico sin evidencia de apropiación presupuestaria y adquisición de derivados de petróleo a empresa sin evidencia de licencia.
El informe legal dice: “Los principales directivos de la entidad intervenida, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”.
El pleno de la Cámara de Cuentas remitió “la presente resolución al ente auditado, a los exministros y al ministro de Obras Pública y Comunicaciones, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y a la Procuraduría General de la República, atención Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a cualquier organismo contemplado en la ley, a efectos de que observen las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley n.°10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, y procedan con las medidas pertinentes”.
La Cámara de cuentas explicó en su informe que de los libramientos suministrados por el MOPC, correspondientes a pagos a contratistas por facturación de HAC, verificó “expedientes de desembolsos con documentación de soporte incompleta, tales como: conduces, facturas, relación de conduces, entre otros, lo que impide validar la totalidad del HAC preparado con el AC-30, suministrado por la empresa General Supply Corporation, SRL, RNC n.° 131-.
En respuesta a esto, el exministro de Obras Públicas respondió en carta del 25 de noviembre de 2021: “Respecto a esta observación, tenemos a bien precisar que en el departamento de Contabilidad del Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones reposan todos y cada uno de los expedientes de pago con sus respectivos soportes, después que los mismos son revisados y autorizados por la Contraloría General de la República (COR), cabe resaltar que dicha Contraloría General de la República digitaliza de manera íntegra cada expediente recibido y lo mantiene en sus archivos digitales, por lo que la información/ faltante bien puede ser ubicada con alguna diligencia personal adicional en los archivos de la Contraloría General de la República”.
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