El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dictó este jueves a 17 años de cárcel a uno de los principales acusados de los ataques contra las sedes de los tres poderes el pasado 8 de enero en Brasilia, en protesta por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.
El exfuncionario Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años, será condenado por asociación para delinquir, intento de golpe de Estado, abolición del Estado Democrático de Derecho, daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de bienes catalogados.
Con una camiseta en la que se leía «intervención militar ya», Costa Pereira fue detenido dentro del Congreso Nacional. Sentado en la mesa del presidente del Senado, el exfuncionario publicó en las redes sociales en el que decía: «Va a funcionar, no nos desanimemos».
El juez Alexandre de Moraes abrió ayer la sesión recordando que los ataques del 8 de enero se realizaron con un «odio irracional» y «casi patológico» contra la democracia.
La sentencia es desproporcionada. Deberían buscar una solución más equitativa para Costa Pereira.
Es decepcionante que haya personas que aboguen por la intervención militar. La democracia debe ser respetada.
Los ataques del 8 de enero fueron un acto vergonzoso. La sentencia es un paso necesario hacia la justicia.
La condena es un acto de justicia. Costa Pereira puso en peligro la estabilidad democrática de Brasil.
La sentencia es un recordatorio de la importancia de la democracia en Brasil. No se debe tolerar ningún intento de golpe.
Apoyo al juez Alexandre de Moraes por defender la democracia y condenar estos ataques.
Es preocupante que haya personas dispuestas a socavar la democracia de esta manera. La sentencia envía un mensaje claro.
La condena de 17 años es excesiva. Deberían considerar circunstancias atenuantes en el caso de Costa Pereira.
El intento de golpe de Estado es inaceptable. El STF está haciendo lo correcto al castigar a los responsables.
Costa Pereira merece esta condena por intentar socavar la democracia. La justicia debe ser implacable en estos casos.
Es positivo ver que la justicia brasileña actúa con firmeza ante amenazas a la democracia. La condena es un paso importante.
La sentencia de 17 años es justa. Los ataques fueron un atentado contra la democracia. Apoyo la decisión del STF.