La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a siete años y 11 meses de prisión al exsenador y exgobernador del departamento de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero, por asociación con grupos paramilitares o parapolítica.
Ramos fue hallado responsable del delito de «concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales».
Además de la prisión efectiva en un centro carcelario, al político le fue impuesta una multa de 7.749,65 salarios mínimos e inhabilidad vitalicia para ocupar cargos públicos.
Los hechos por los que fue acusado ocurrieron entre 2001 y 2007. De acuerdo con el Tribunal, Ramos llegó a acuerdos con comandantes de grupos de autodefensa, a fin de recibir apoyo económico y en votos para sus campañas para ser elegido senador y luego gobernador de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, «como realmente ocurrió» al menos durante su desempeño como legislador.
«No fue un instrumento utilizado por otras personas para la obtención de los fines que tanto él como las organizaciones paramilitares perseguían, fueron actos planeados que se gestaron a través de las distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001, conforme lo dieron a conocer los testigos de cargo analizados», dice la Corte.
El Tribunal también señala que el exsenador prestó «su concurso para que la Ley de Justicia y Paz fuera más benévola para los aludidos grupos ilegales».
Ramos tuvo nexos con los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño, miembros fundadores y comandantes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes le habrían entregado dinero para sus campañas. También habría recibido apoyo del narcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra y de Miguel Arroyave, comandante del Bloque Centauros de las AUC.
Además del apoyo, el juicio se basó en una reunión que se llevó a cabo a principios de 2005 en la finca Bellanita, propiedad de Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘El Patrón de Bello’, a la que asistieron los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; y Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’.
«Es claro que asistió conscientemente a la reunión de Bellanita, pese a no contar con autorización legal del gobierno nacional para adelantar acercamiento, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley», dijo la Corte.
El Tribunal señala que la actuación de Ramos de asociarse con grupos paramilitares contribuyó «con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural en el que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado buscaba salvaguardar».
Asimismo, la institución judicial dice que «es incontrovertible» que Ramos, siendo un ciudadano de tanta influencia en los asuntos locales, regionales y nacionales, «accediera a aliarse con varios comandantes de los bloques de las autodefensas, promocionando su actividad criminal y siendo complaciente con sus actos», lo que «comportó un indiscutible reconocimiento de ‘legitimidad’ del ‘estado de facto’ paramilitar» y «configuró el envío de un distorsionado mensaje al resto de la colectividad».
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema declaró que en este caso no procede la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria; no obstante, dispuso que Ramos siga gozando de su libertad hasta tanto quede en firme esta sentencia en su contra.
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