El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una profunda reestructuración de la Presidencia de la República que contempla la eliminación de varias consejerías y agencias, entre ellas la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional y la Consejería para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Según explicó durante una alocución difundida en sus redes sociales, la reforma administrativa busca reducir la burocracia estatal mediante la eliminación de 229 cargos, una medida que, aseguró, permitirá un ahorro cercano a los 10,000 millones de pesos colombianos mensuales, recursos que serán destinados a programas de atención para la población.
De la Espriella sostuvo que la Presidencia dejará de operar con estructuras que, a su juicio, duplican funciones o responden a intereses burocráticos. Indicó que las responsabilidades de las consejerías suprimidas serán asumidas por los ministerios y entidades competentes, con el propósito de mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer la rendición de cuentas.
En materia de paz, el mandatario electo reiteró que su gobierno abandonará la política de diálogo impulsada por la administración saliente de Gustavo Petro. «No habrá más procesos de falsa paz», afirmó, al insistir en que su estrategia estará enfocada en el sometimiento de los grupos armados a la justicia ordinaria.
Respecto a la política de derechos humanos, precisó que las funciones de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH serán distribuidas entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
Asimismo, informó que la Consejería para las Regiones no desaparecerá, sino que será transformada en una Gerencia para las Regiones, la cual servirá como enlace entre el Gobierno central y las autoridades territoriales.
La reorganización institucional forma parte de las primeras medidas anunciadas por De la Espriella antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, en medio del proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro y de un cambio de rumbo en las políticas de seguridad y administración pública.
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Estas medidas marcarán el rumbo del nuevo gobierno desde sus primeros días.
Habrá que esperar para ver si esta reestructuración realmente reduce el gasto público o termina generando nuevos problemas.
Cada gobierno tiene derecho a reorganizar el Estado, pero lo importante será que los cambios mejoren los resultados y no debiliten las instituciones.