República Dominicana. – El diputado nacional por el partido Alianza País, Pedro A. Martínez M., depositó formalmente ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca derogar la Ley No. 57-96 y la Ley No. 50, eliminando definitivamente el régimen de exoneraciones impositivas para la importación de vehículos de uso privado por parte de los legisladores.
El legislador enfatizó que, aunque la propuesta dispone que el Estado dote de vehículos utilitarios oficiales a los senadores y diputados, el objetivo central es detener el drenaje de recursos públicos. Martínez subrayó que el modelo actual ha permitido la importación de vehículos de alta gama, suntuosos y deportivos (incluyendo marcas como Bentley, Ferrari, Porsche y Lamborghini) que no guardan relación con la labor legislativa y que frecuentemente terminan en manos de terceros.
Según datos de la Dirección General de Aduanas, el sacrificio fiscal por exoneraciones a legisladores y otros funcionarios ha superado los 3,690 millones de pesos en los últimos cinco años, recursos que el Estado deja de percibir y que podrían ser destinados a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
*Puntos clave de la propuesta:*
• Propiedad Estatal y Control: Los vehículos asignados serán de la exclusiva propiedad del Estado dominicano y deberán portar obligatoriamente una placa oficial rotulada con el cargo del legislador, facilitando la fiscalización ciudadana.
• Devolución Obligatoria: Al concluir su mandato o cesar en sus funciones, el legislador deberá devolver el bien en un plazo de cinco días hábiles. En caso de reelección, el vehículo solo será sustituido por razones técnicas de deterioro o depreciación.
• Transición Ordenada: Se establece un plan de dos fases que obliga al Congreso a presupuestar la compra de la flota con un año de antelación a la toma de posesión, asegurando que el 100% de los legisladores cuenten con su herramienta de trabajo oficial en los primeros seis meses de su mandato.
• Régimen de Sanciones: La pieza tipifica como peculado o malversación de fondos públicos cualquier intento de vender, ceder o arrendar el vehículo oficial, terminando con el mercado secundario de beneficios estatales.
Martínez concluyó indicando que es hora de que el Congreso Nacional dé el ejemplo de racionalización y eficiencia del gasto público, sustituyendo un privilegio personal por una herramienta de trabajo regulada, transparente y adecuada a la geografía de las demarcaciones que representan.
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