República Dominicana. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva contra el profesor de un centro educativo del municipio Puñal, Luis Reynaldo González Ortiz, acusado de abusar sexualmente de una alumna menor de edad.
De acuerdo al comunicado, el Ministerio Público acusa a González Ortíz de seducir a la estudiante y convencerla para sostener encuentros, llevándola a varios moteles de la ciudad, para violarla sexualmente.
Asimismo, señala que los hechos que se produjeron durante varios meses.
“El último de los episodios ocurrió el 17 de agosto del año 2023, día en que el profesor sustrajo a la menor y amaneció con ella hasta el día siguiente”, expresa la misiva.
Al imputado se le acusa de violentar los artículos cargos 309-1 y 330 del Código Penal Dominicano, que tipifican la violación como un delito, así como, los modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género. También de infringir el artículo 396 literales B y C del Código de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Es crucial que las instituciones educativas implementen medidas para prevenir el abuso sexual en sus instalaciones.
Las leyes de protección y violencia de género deben aplicarse rigurosamente en casos como este.
El abuso sexual es una afrenta a la dignidad humana y no debe tolerarse en ninguna circunstancia.
La prisión preventiva es una medida necesaria para garantizar que el acusado no pueda escapar de la justicia.
La víctima merece justicia y apoyo en su proceso de recuperación.
Los padres deben estar alerta y hablar con sus hijos sobre la importancia de denunciar cualquier forma de abuso.
La sociedad debe condenar enérgicamente el abuso sexual y trabajar juntos para prevenirlo.
El abuso sexual deja cicatrices profundas en las víctimas y debe abordarse con seriedad.
El profesor debe enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.
Es inaceptable que una menor haya sido víctima de abuso sexual en un entorno escolar.
La protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida de la sociedad y las autoridades.
La justicia debe ser rápida y efectiva en casos de abuso sexual para evitar que el acusado escape.