República Dominicana.- El caso SeNaSa, destapado bajo la denominada Operación Cobra, ha puesto en evidencia fallas profundas en el andamiaje legal y de control del Estado dominicano para prevenir y detectar esquemas de corrupción administrativa de gran escala. Según el expediente del Ministerio Público, durante la gestión de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud se concentró de forma deliberada la prestación de servicios de atención primaria en empresas vinculadas al Grupo Read, mediante contratos que habrían superado los RD$22 mil millones.
La investigación plantea una pregunta incómoda: ¿cómo fue posible que estados financieros de una institución pública fueran presuntamente falseados sin que los mecanismos de control interno, los análisis contables ni los órganos fiscalizadores lo advirtieran a tiempo? Más aún, ¿cómo se permitió que el régimen subsidiado de salud fuera afectado con la transferencia de miles de millones de pesos a entidades privadas sin que el sistema activara alertas automáticas?
Los documentos del caso sugieren que no se trata únicamente de una acción individual, sino de un entramado que logró moverse entre vacíos, debilidades o fallas de aplicación de leyes que, en teoría, cuentan con amplias facultades de fiscalización. El Código Tributario, la Ley de Control Interno, la normativa de la Cámara de Cuentas y la nueva Ley de Contrataciones Públicas establecen herramientas suficientes para inspeccionar, auditar y bloquear irregularidades. Sin embargo, en la práctica, estos controles no funcionaron o llegaron demasiado tarde.
La Ley 10-07 asigna a la Contraloría General de la República la rectoría del control interno y la fiscalización de los fondos públicos, mientras que la Ley 18-24 fortalece el rol de la Cámara de Cuentas en la supervisión externa y la rendición de cuentas. A esto se suma la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que establece principios de transparencia, eficiencia, imparcialidad y probidad. El caso SeNaSa demuestra que la existencia de estas normas no garantiza, por sí sola, la prevención de prácticas corruptas.
En el plano judicial, el juez de Atención Permanente Rigoberto Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, señalado como cabecilla del entramado, así como a otros implicados. A varios imputados se les dictaron medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
La revisión obligatoria de las medidas de coerción fue fijada para marzo de 2026. Mientras tanto, el caso deja una lección clara: el problema no es solo la corrupción, sino la fragilidad de los sistemas diseñados para detectarla y detenerla antes de que se pierdan miles de millones del erario.
Publicaciones relacionadas:
Ministerio Público y Cámara de Cuentas investigan irregularidades en Senasa
Cámara de Cuentas detecta graves irregularidades en SeNaSa durante 2017-2019
SeNaSa: de negar problemas a vaciar fondos del IDOPPRIL
Fuerza del Pueblo solicita interpelación del director de SeNaSa
SeNaSa dejó la transparencia en cuidados intensivos
Lo que más le duele a uno es saber que mientras ellos estaban en su aire cobrando sobornos y haciendo facturas falsas había gente con cáncer y pacientes de diálisis pasando trabajo porque no les cubrían sus tratamientos
Ese Santiago Hazim se metió en un lío tan feo que ahora lo tienen en Najayo pasando su Navidad ahí trancado después de que el juez le dictó su prisión preventiva por todo ese desfalco que dicen que hicieron
Tú oye esa cifra de veintidós mil millones en contratos con el Grupo Read y se te pone la piel de gallina porque eso es dinero del pueblo que se debió usar para medicinas y no para estar haciendo negocios entre amigos