La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este viernes la apertura de juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de un contrato estatal.
La decisión también alcanza a otros ocho imputados y siete empresas vinculadas al proceso investigativo que lleva a cabo el Ministerio Público.
Según la acusación, los implicados habrían participado en un supuesto esquema para favorecer de manera irregular a la empresa Transcore Latam con un contrato valorado en más de 1,300 millones de pesos para la gestión del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Aunque el expediente incluía imputaciones por terrorismo, la magistrada excluyó ese cargo durante la audiencia preliminar. Sin embargo, mantuvo acusaciones por presunto desfalco, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y otros delitos contemplados en la legislación dominicana.
El Ministerio Público sostiene además que los incidentes que afectaron la red semafórica de Santo Domingo en agosto de 2024 estarían relacionados con la suspensión del referido contrato.
Junto a Beras y Gómez fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También enfrentarán el proceso judicial las empresas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.
Con esta decisión, el caso entra en la etapa de juicio de fondo, donde el tribunal correspondiente evaluará las pruebas presentadas por las partes y determinará la responsabilidad penal de los acusados.
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Los casos relacionados con contrataciones estatales suelen generar gran interés en la opinión pública
La justicia debe actuar con independencia y respeto al debido proceso para todas las partes involucradas
La apertura de juicio permitirá que el caso sea conocido en una etapa más profunda del proceso judicial