Los manglares, ecosistemas marino-costeros donde habita una gran diversidad de especies y que además son enormes reservorios del llamado carbono azul, tienen la industria turística como una de sus mayores amenazas. En nuestro país, ese peligro se ha incrementado en los últimos años con el presente gobierno del PRM.
Según denuncias sin respuestas de parte del Ministerio de Medio ambiente, en Bávaro construyeron un hotel de 1,193 habitaciones afectando una extensión de unos 300 mil metros cuadrados de manglares. Se dice que la estructura fue levantada sin estudio ambiental, sin evaluación y por supuesto, sin el permiso correspondiente.
Y antes de eso ya habían autorizado un corte dañino en el ecosistema de manglares Refugio de Vida Silvestre “Laguna Saladilla”. Y después de lo anterior, autorizaron construcciones en otro ecosistema de manglares, también sin estudios ambientales previos y sin los permisos institucionales que conllevan, en el Parque Nacional “Manglares de Estero Balsa”.
Pero además, entre otros múltiples casos de depredación de manglares, debemos recordar muy especialmente el relleno de un humedal en Punta Bonita de Las Terrenas en Samaná, para construir un hotel, por fortuna paralizado; pero también el raro caso de la degradación de los manglares (especie mangle Rojo) del humedal Estillero, también en Las Terrenas, del cual se prometió investigar pero luego nada se dijo. También, han estado presentes diversos intentos de apoderarse del sitio de Bucanyé, en el paisaje protegido “Playa Cabo Rojo-Pedernales”, que es un humedal donde abundan los mangles.
Es decir, no hay conciencia de lo que significan estos ecosistemas naturales para la protección de costas y de la biodiversidad marina.
Parque Nacional Jaragua
El Parque Nacional Jaragua ha sido afectado por una decisión de un tribunal que le da ganancia de causa a una empresa que reclama más de 12 millones de metros cuadrados de esa importante área protegida. Y todo por la incapacidad del área legal del Ministerio de Medio Ambiente, que no supo defender ante el tribunal correspondiente el amparo que sobre las áreas protegidas estable claramente la Constitución de 2010 en su Artículo 16. Inexplicable, siendo el propio Ministro un abogado. Según se publicó, la inconstitucionalidad de la decisión será reclamada y esperamos que con éxito.
Presa de Hatillo
En este trabajo final sobre el discurso del Presidente en su última rendición de cuentas, queremos darle más importancia a un tema que el primer ejecutivo ni siquiera abordó, a pesar de que en ese momento (el 27 de febrero pasado), ya hacía más de tres meses que el problema estaba vigente. Se trata del caso de la Presa de Hatillo.
El Presidente dijo que el gobierno trabaja para resolver la contaminación ambiental en el país, pero no mencionó casos específicos. Debió referirse a la presa de Hatillo donde después de tanto tiempo de observarse un gran proceso contaminante, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene una respuesta contundente.
El primer obstáculo es que si el Ministerio carece de un diagnóstico de la cuenca del río Yuna y sus afluentes, actualizado periódicamente, carecerá también de informaciones claves sobre los factores contaminantes del lago. De ahí la incapacidad que ha mostrado para ofrecer una explicación aceptable que despeje dudas.
Es una vergüenza que sean ONG’S, medios de comunicación y otras organizaciones quienes han tomado la iniciativa de hacer muestreos y análisis de laboratorio que arrojan resultados preocupantes. Mientras que en medio de la crisis la EGEHID, empresa de generación hidroeléctrica del gobierno, trata de desviar la atención de la contaminación realizando actividades fuera de su competencia.
Extracción de Arena y Grava de las Presas
En el caso de la Presa de Hatillo donde en este momento el problema de la sedimentación no es lo peor, el gobierno desvía la atención de la sociedad desde el grave y fundamental problema de contaminación del lago hacia un objetivo de negocio de miles de millones de pesos en beneficio de empresas privadas, mediante contratos amañados para la extracción de las arenas y agregados de la cola de la presa.
Los contratos otorgados por la EGEHID, completamente ilegales por haber sido cerrados para beneficiar empresas previamente seleccionadas, implican a autoridades de dicha empresa gubernamental, pero también a poderosos dirigentes del PRM que controlan grupos de camioneros que transportarían los materiales extraídos de la presa.
La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales solucionó el desorden institucional que existía en nuestro país en relación con la dispersión de la autoridad sobre los recursos naturales. En la actualidad, en la República Dominicana la única autoridad del Estado sobre dichos recursos la tiene el Ministerio de Medio Ambiente. (Art. 17, Ley 64-00).
De manera que EGEHID no puede atribuirse competencias institucionales que no le corresponden y mucho menos tomar decisiones unilaterales sobre los cuerpos de agua de las presas solo porque en ellas existan infraestructuras hidroeléctricas. De la misma manera, el Ministerio de Medio Ambiente no puede mirar para otro lado, evadiendo su responsabilidad de gestionar el agua natural donde quiera que ésta se encuentre.
EGEHID está generando conflictos de autoridad en las presas. Recientemente hizo lo mismo en el embalse de Valdesia, decidiendo contratos extractivos que contravienen la Ley, ya que su rol independiente se reduce a operar y gestionar la infraestructura hidroeléctrica. Como usuario del recurso, EGEHID puede y debe participar en la administración colegiada de los embalses cuando de ellos se genere energía, pero siempre bajo la coordinación general de la institución a quien le corresponde la autoridad.
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