FP afirma que la seguridad ciudadana “va en reversa” tras seis años sin resultados

República Dominicana — La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo denuncia el fracaso sistemático de la política de seguridad del gobierno durante los últimos seis años, caracterizada por la improvisación institucional, el derroche en contratos de asesoría y consultorías sin rendición de cuentas y, lo más grave, la ausencia de resultados verificables en la reducción de la delincuencia

Estos planes se han distinguido por una cadena de programas ineficientes, sin prevención del crimen, sin intervención comunitaria y sin fortalecimiento institucional. Entre estas acciones inoperantes citamos: Mi País Seguro, De Vuelta al Barrio, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Operación Garantía de Paz y su secuela Garantía de Paz 2.0, entre otros. Ninguno fue evaluado públicamente ni arrojó resultados medibles.

 Para la creación de estos planes, el gobierno destinó más de RD$  400 millones de pesos a la contratación de comisionados, asesores y consultores nacionales e internacionales bajo la denominación de “reforma policial” y “servicios de asesoría especializada para la implementación de planes, trabajos, estrategias y políticas para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional”, contratos que han sido adjudicados mediante procedimientos de excepción, invocando seguridad nacional.

 Cuando en realidad corresponden a simples servicios de asesoría, lo que constituye una violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y a los principios de transparencia administrativa.

NOS HAN VENDIDO UNA MILITARIZACIÓN PERMANENTE DE LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO NORMA.

 Cuando la Constitución dominicana, en su artículo 252, contempla el auxilio de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional solo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, durante seis años consecutivos esa excepción se ha convertido en práctica permanente, lo que la Fuerza del Pueblo interpreta como evidencia directa del fracaso de la reforma policial.

“Si durante seis años se necesita militarizar la seguridad ciudadana de manera constante, el problema no es operativo: es político”, señala la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Este martes, una vez más, se reúnen para definir un plan integral orientado al ordenamiento del tránsito y al fortalecimiento de la seguridad vial, un plan implementado en 2022 sin resultados, relanzado en 2024 y nuevamente presentado en 2026. Ya estamos cansados de planes fallidos.

LA CONTRADICCIÓN DEL COMISIONADO

 El comisionado responsable de la reforma policial ha publicado textos académicos en los que afirma que los gobiernos latinoamericanos fracasan cuando diseñan políticas públicas sin evidencia, sin diagnósticos reales y con soluciones de corto plazo orientadas al impacto mediático. La Fuerza del Pueblo señala que esa descripción coincide exactamente con la gestión en la que él ha participado durante años como contratado.

Desde la Fuerza del  Pueblo reiteramos que “La seguridad no se administra con marketing, no se resuelve con ruedas de prensa y no se construye con contratos millonarios sin resultados. Se garantiza con liderazgo, planificación y autoridad. Y hoy, lamentablemente, este gobierno ha fracasado en materia de Seguridad.

 Frente al fracaso diagnosticado, la Fuerza del Pueblo propone, por necesidad nacional, que se asuma una agenda concreta de seguridad ciudadana que sustituya el modelo actual de improvisación y propaganda por acciones reales:

 Que una policía profesional no necesita ser sustituida por militares para cumplir su función constitucional. Necesitamos agentes policiales que evidencien procesos formativos sólidos, manejo de crisis, respeto al debido proceso y a los derechos humanos, reduciendo la cantidad de muertes por supuestos intercambios de disparos, que ha aumentado en los últimos dos años, llegando a un total de 51 personas en lo que va de año2026.

 Un verdadero Plan Nacional de Seguridad con rendición de cuentas, metas verificables, cronograma de ejecución e informes periódicos de resultados ante la ciudadanía. Ningún programa de seguridad podrá ser relanzado sin antes rendir cuentas del anterior.

 Restablecer la prevención del crimen desde la intervención comunitaria como eje central, con programas de juventud, policía de proximidad, coordinación con gobiernos locales y ataque a las causas estructurales de la violencia: pobreza, deserción escolar, salud  mental y desempleo juvenil.

 Transparencia y auditoría en el gasto de seguridad: que todo contrato vinculado a la seguridad ciudadana sea público, licitado y auditado. La Fuerza del Pueblo propone una Comisión de Veeduría Ciudadana sobre el gasto en seguridad, con participación de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales.

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