Este 13 de enero se conocía una operación de la Policía Nacional española en la que se liberaba a 19 mujeres que eran explotadas sexualmente en la localidad de Fuente Álamo, en la región de Murcia, en el Levante español.
Según las informaciones difundidas por el cuerpo policial, la mayoría procedían de Honduras y Paraguay, eran introducidas de manera irregular en España para explotarlas como prostitutas o como cuidadoras de personas mayores.
Este último era el caso de las hondureñas, a las que se les pedía un pago de 7.000 por su llegada a España para trabajar como cuidadoras de personas mayores y, en caso de no poder satisfacer esa deuda, se les obligaba a prostituirse.
La operación forma parte del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual y no ocupó lugares destacados en los informativos españoles, dado que forma parte de un fenómeno presente en la sociedad española.
Para tratar de acabar con estos delitos, el Ministerio del Interior español presentó esta semana su Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023.
«Un plan ambicioso que pretende cubrir no solo la lucha contra este delito, sino también la adecuada asistencia y protección a sus víctimas», en palabras del secretario de Estado de Seguridad español, Rafael Pérez.
La planificación del Gobierno español tiene una doble vertiente: por una parte incrementar la detección de casos y por otra desincentivar la demanda de prostitución.
Sobre este último punto, se prevén una serie de actuaciones como desincentivar la publicidad de servicios sexuales, tanto de manera explícita como encubierta.
Además, también habrá actuaciones de sensibilización sobre la trata, dirigidas a potenciales consumidores, y campañas de formación e información para el público juvenil.
Colaboración ciudadana
El plan reclama también la colaboración ciudadana para detectar los casos de explotación sexual y se propone facilitar los mecanismos para comunicar los indicios de estas prácticas de forma segura, tanto para los particulares, como para otro tipo de entidades de la sociedad civil.
El Ministerio del Interior también aboga por aumentar la formación de los operadores judiciales e investigadores en «cuestiones de género, derechos humanos e infancia por ser esencial a la hora de entender el funcionamiento de los mecanismos de control que se dan en el marco de la trata y la explotación de seres humanos», según reza el plan difundido por el Gobierno español. De hecho se incluye en su memoria el refuerzo de la formación de los policías en este ámbito.
Asimismo y dado que es un fenómeno que se origina en países extranjeros, también se pone especial énfasis en potenciar la cooperación internacional con los países de origen y tránsito de las víctimas.
En este sentido se citan varios campos donde las autoridades españolas tienen que mejorar su cooperación internacional: asistencia técnica, judicial y policial, intercambio de información y experiencias, y formación.
En el diseño de la actuación bianual participaron siete Ministerios, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
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