República Dominicana. – El vocero del Gobierno, Homero Figueroa, afirmó este jueves que los asesores de los distintos ministerios y direcciones generales son en realidad personas que ocupan posiciones de dirección, pero han sido designados como asesores por cuestiones burocráticas con el Ministerio de Administración Pública (MAP).
Figueroa explicó que estos asesores están trabajando de manera continua y constante, y que espera que el problema burocrático se resuelva pronto.
«Ese es un dato que es una confusión porque esas personas ocupan posiciones de dirección, eso es un tema burocrático con el MAP (Ministerio de Administración Pública) pero esas personas están en ejercicio continuo y constante. Son personas que están trabajando, son directores pero por asunto burocrático se les da esa denominación», afirmó Figueroa.
Recientemente, un reportaje del medio Panorama reveló los nombres y sueldos de decenas de asesores del Gobierno, tras una resolución del MAP que regula el número de asesores en los órganos y entes del Poder Ejecutivo. La resolución 184-2024 busca racionalizar y transparentar la nómina pública, limitando la cantidad de asesores a una cifra equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes de cada institución.
El MAP indicó que esta medida tiene como propósito mejorar el gasto público y estar en coherencia con los planes y compromisos del Gobierno de «eficientizar» la gestión pública. Estas disposiciones se enmarcan en lo establecido por la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública, la ley 41-08 de Función Pública, la ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, y la ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
La sociedad civil ha criticado duramente los altos salarios que reciben estos asesores, argumentando que no se justifican y que en realidad constituyen pagos superfluos. Esta controversia ha intensificado el debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
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