La aprobación de un aumento salarial para los 580 legisladores de Indonesia, que elevó sus ingresos a 50 millones de rupias mensuales (unos 3.000 dólares), ha provocado una ola de protestas en todo el país. La cifra equivale a diez veces el salario mínimo, lo que desató la indignación de la población afectada por el desempleo y el alto costo de vida.
Las manifestaciones se han vuelto violentas en varias regiones. En Makassar, un grupo de ciudadanos incendió el Congreso regional, dejando al menos tres muertos y varios heridos. También se registraron ataques a residencias de legisladores y edificios gubernamentales en Surabaya y Bandung.
El descontento se intensificó tras la muerte de Affan Kurniawan, un joven atropellado por un vehículo policial durante las protestas, y por la difusión de imágenes de diputados bailando antes de aprobar el aumento, consideradas por la ciudadanía como una burla.
Hasta ahora, las movilizaciones se han extendido a 32 de las 38 provincias del país, marcando un movimiento social sin precedentes que pone en alerta a las autoridades y genera preocupación por la estabilidad política en Indonesia.
