República Dominicana.- La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 10 de la Ley núm. 10-04, disponga una auditoría especial al Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y a todos los recursos públicos destinados al proceso de reforma policial durante el período 2021–2026.
Esta solicitud se produce mientras el Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley que se presenta como parte de la denominada reforma policial. Sin embargo, antes de abrir una nueva etapa, el país merece una respuesta sobre la anterior. Después de seis años de anuncios, promesas e inversiones multimillonarias, los dominicanos tienen derecho a conocer cuánto ha costado realmente la reforma policial y qué resultados verificables ha producido.
Desde 2021, el Gobierno presenta la reforma policial como una de sus principales políticas públicas. Cada año anuncia nuevas inversiones, nuevos programas, nuevos equipos, nuevas intervenciones y nuevos compromisos. No obstante, la percepción de inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población y los hechos de violencia que conmocionan al país siguen generando serias dudas sobre el impacto real de esa inversión.
No basta con afirmar que existe una reforma policial. Es necesario demostrar, con evidencia y absoluta transparencia, cómo se administran los recursos públicos y cuáles transformaciones concretas han generado.
Por esa razón, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana considera indispensable que la Cámara de Cuentas determine el monto total invertido en la reforma policial entre 2021 y 2026; los recursos ejecutados mediante el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional; el destino de esos fondos y el grado de ejecución de los proyectos financiados; el cumplimiento de los objetivos para los que se asignaron los recursos; y la correspondencia entre la inversión realizada y los resultados institucionales alcanzados.
Resulta oportuno recordar que, al inicio del propio proceso de reforma, sus coordinadores sostuvieron que una transformación institucional solo podía construirse sobre la base de auditorías y evaluaciones independientes. Ese mismo criterio debe aplicarse ahora al uso de los recursos públicos destinados a la reforma.
Josefina Reynoso afirmó que la transparencia no puede comenzar cuando conviene ni terminar cuando se anuncian nuevas leyes.
“Si el Gobierno sostiene que durante seis años desarrolla una reforma policial efectiva, también tiene el deber de rendir cuentas sobre ella. Antes de pedirle al país que crea en una nueva etapa, debe explicar qué hizo con los recursos que ya recibió, cuánto invirtió, qué metas cumplió y por qué la ciudadanía todavía no percibe una transformación proporcional a la magnitud de la inversión realizada”, indicó Reynoso.
La dirigente de la Fuerza del Pueblo reiteró que esta solicitud constituye un ejercicio legítimo de fiscalización democrática y de defensa del interés público. Los recursos de la reforma policial pertenecen al pueblo dominicano, no al Gobierno de turno. En consecuencia, el pueblo tiene derecho a conocer cómo se administran, en qué se invierten y qué resultados han producido.
La transparencia no debilita las instituciones; las fortalece. La rendición de cuentas no debe verse como una concesión política, sino como una obligación constitucional frente a todos los dominicanos.
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