Washington (EFE).- La Justicia estadounidense rechazó la petición de Mark Meadows, ex jefe de gabinete del expresidente Donald Trump (2017-2021), de mover de un tribunal estatal a uno federal el caso por el que está imputado en Georgia por injerencia electoral.
Meadows compareció el pasado 28 de agosto en ese estado para defender su petición y recibió la respuesta este viernes.
Trump, Meadows y otras 17 personas están imputadas en Georgia por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Allí, donde el demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen de dos décimas (49,5 %), el más estrecho de todo el país.
Las acusaciones contra Mark Meadows
Meadows está acusado en concreto de solicitar a un funcionario público que incumpliera su juramento al cargo y por violación de la ley RICO. Conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y utilizada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rindan cuentas ante la Justicia.
Se le reprocha principalmente organizar la llamada en la que el 2 de enero de 2021 Trump pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” 11.780 votos, uno más de los que había conseguido el demócrata Joe Biden allí.
Según el diario The Washington Post, Meadows declaró a finales de agosto que gran parte de su trabajo como jefe de gabinete era organizar llamadas y gestionar la agenda del entonces mandatario.
Agregó que estuvo presente en muchas reuniones y que escuchó muchas llamadas de naturaleza política solo para darlas por terminadas en el momento adecuado.
Con el traslado del caso a un tribunal federal, según el diario The Hill, Meadows pretendía facilitar que se desestimaran sus cargos al invocar protecciones de inmunidad para los funcionarios federales.
Los 19 imputados en Georgia
Los 19 imputados estaban citados el pasado miércoles para la lectura formal de cargos en su contra y para que sostuvieran si se declaraban culpables o no culpables. Pero antes de esa fecha todos ellos dijeron ser no culpables y renunciaron voluntariamente a su derecho a estar presentes en ese trámite.
La fiscal encargada del caso, la demócrata Fani Willis, propuso a la corte que el juicio arranque el 23 de octubre. El juez mantuvo esa fecha solo para dos de los acusados, los letrados Kenneth Chesebro y Sidney Powell. Todavía no se conoce la fecha del resto.
La decisión de no mover el caso de Meadows a un tribunal federal podría tener repercusiones para otros acusados que pretenden lo mismo.
El propio Trump notificó este jueves al juez que sopesa pedir la transferencia del proceso, pero dispone de un mes para formalizar la solicitud. El plazo de 30 días arrancó el pasado 31 de agosto, fecha en la que el expresidente se declaró no culpable.
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El proceso legal debe seguir su curso, sin importar la posición política de los acusados.
El sistema legal debe garantizar que nadie esté por encima de la ley.
La responsabilidad recae en aquellos que intentaron socavar la voluntad del pueblo.
La imparcialidad del sistema judicial es esencial para mantener la confianza en la democracia.
El juicio en octubre es una oportunidad para que se esclarezcan los hechos.
La solicitud de transferencia del proceso de Trump es un intento de eludir la justicia.
Meadows debe rendir cuentas por su papel en la llamada a Georgia.
La transparencia y la responsabilidad son fundamentales en un sistema democrático.
La democracia debe protegerse contra cualquier intento de socavarla, incluso desde dentro del gobierno.
La decisión de no mover el caso podría sentar un precedente importante en otros casos similares.
Es positivo que los acusados no puedan eludir la justicia y deben presentarse en el juicio.
La fecha del juicio debe mantenerse para garantizar que se haga justicia.
La acusación contra Meadows es grave y merece ser investigada a fondo.
La negativa a mover el caso a un tribunal federal es un signo de que la Justicia no cederá ante presiones políticas.
Trump y Meadows deben enfrentar las consecuencias de sus acciones en las elecciones de 2020.
La imputación de Meadows es un recordatorio de la importancia de la integridad electoral.
El rechazo de la solicitud de Meadows es un paso hacia la justicia en el caso de la injerencia electoral en Georgia.
Este caso tiene implicaciones significativas para la democracia y la rendición de cuentas.
La Justicia estadounidense sigue su curso, independientemente de las presiones políticas.