La Justicia argentina procesó al expresidente Alberto Fernández por presunta corrupción vinculada a la contratación irregular de seguros durante su gobierno.
El juez Sebastián Casanello lo acusó formalmente de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», una figura penal que conlleva penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Junto a él fueron procesadas otras 33 personas, entre ellas su secretaria privada y su esposo, quien se habría beneficiado directamente con las contrataciones.
La investigación gira en torno al decreto 831, firmado en 2021 por Fernández, que obligaba a las entidades públicas a contratar seguros con Nación Seguros, lo que habría favorecido al bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de su asistente María Cantero.
La Justicia sostiene que estas decisiones administrativas generaron millonarios beneficios a través de comisiones a allegados del entonces mandatario. El juez impuso un embargo a Fernández por más de 14,600 millones de pesos argentinos (unos 11.6 millones de dólares).
El caso surgió a raíz de una denuncia presentada en 2024 por la abogada Silvina Martínez y promovida por el fiscal Ramiro González. Además de Fernández, fueron imputados Cantero, Martínez Sosa y el exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros funcionarios y empresarios, por delitos como incumplimiento de deberes y administración fraudulenta.
ahora el juez lo procesó pero falta ver si de verdad cae preso o es otro show judicial
to’ esos presidentes acaban enredao en lo mismo corrupción y más corrupción
ya tú sabes el hombre que hablaba de moral y transparencia ahora lo tienen cogido con los seguros