Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que el gobierno de Nayib Bukele ha cometido violaciones “generalizadas y flagrantes” de derechos humanos tras la imposición del régimen de excepción a fines de marzo.
El régimen de excepción fue implementado por Bukele el 27 de marzo luego de un “incremento desmedido” de asesinatos, el cual lo atribuyó a las pandillas. Esta orden suspende varios derechos constitucionales–entre ellos el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Desde entonces, el gobierno ha realizado detenciones masivas de supuestos pandilleros en lo que ha denominado una “guerra contra las pandillas”. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones internacionales y los constante pedidos para rescindir del estado de excepción, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista ha venido extendiendo la orden por tercer mes consecutivo.
“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un informe publicado este 2 de junio.
La organización dijo que en 2019 se reunió con el presidente salvadoreño y se comprometió a respetar los derechos humanos, pero “desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”.
Guevara Rosas dijo que en lugar de luchar contra la violencia que enfrenta el país por las pandillas, el gobierno está “sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”. De acuerdo con el informe de AI, la organización dijo que documentó 28 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas a 34 personas.
“Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele; ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla”, señaló la organización.
Posteriormente, señala AI, las personas detenidas no suelen tener contacto con su representante legal ni siquiera antes de la audiencia; y pocas personas ha podido tener acceso a abogados privados, los cuales no tienen acceso al expediente del acusado.
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