En febrero pasado el Covax, administrado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS), dio la oportunidad a Venezuela de comprar un lote de entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas de la farmacéutica británica AstraZeneca.
Venezuela avisó que no podía cumplir con el pago inicial para acceder al Covax, en ese momento, porque sus recursos están congelados en la banca internacional por pedido de Juan Guaidó, el «presidente interino» que EE.UU. decidió reconocer para intentar derribar a Nicolás Maduro.
En ese tiempo las vacunas de AstraZeneca aún no habían sido cuestionadas en Europa, donde alrededor de 12 países interrumpieron temporalmente su aplicación, hasta que se investigaran los reporte de cuadros de trombosis en los vacunados.
Sin embargo, las autoridades venezolanas han mantenido, una mesa de trabajo con la participación del Ministerio de Salud, la OPS, distintos miembros de la oposición venezolana -incluida el ala de Juan Guaidó-, sociedades científicas, la academia de medicina y otros actores civiles, para conseguir que los recursos congelados en el sistema financiero internacional puedan ser utilizados para comprar las vacunas.
En cambio, un anuncio de la OPS esta semana removió la situación. El organismo aseguró que Venezuela no perderá su cupo para acceder al Covax y afirmó que las dosis que reservará serán las de AstraZeneca, producidas en Corea del Sur.
El aviso que no tendría nada de polémico sino fuese porque, a mediados de marzo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ya había adelantado que Venezuela no aprobaría ni recibirá las vacunas de AstraZeneca mientras no fuesen seguras.
Las autoridades venezolanas han sido extremadamente cautelosas en atender las circunstancias generadas por la pandemia y, sobre todo, por hacer uso efectivo de los pocos recursos que tiene para enfrentar la situación en medio del bloqueo.
Por esa razón, ha procurado gestionar dosis de vacunas con países aliados, como Rusia y China, que además están avaladas por la comunidad científica y farmacológica venezolana, para no poner en riesgo a la población.








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