El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes que Washington continuará imponiendo nuevas sanciones contra Cuba, luego de las medidas anunciadas recientemente contra el conglomerado militar cubano Gaesa.
Durante una rueda de prensa ofrecida en Roma, tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Rubio aseguró que las sanciones están dirigidas contra estructuras económicas vinculadas al régimen cubano y no contra la población.
El funcionario describió a Gaesa como un holding controlado por militares cubanos que, según afirmó, ha generado miles de millones de dólares sin que esos recursos beneficien al pueblo de la isla.
“Ni un solo centavo de ese dinero beneficia al pueblo cubano”, expresó Rubio, al asegurar que los ingresos manejados por la empresa no se destinan a infraestructura, alimentos ni servicios básicos para la ciudadanía.
Asimismo, sostuvo que las medidas buscan castigar a compañías que, a su juicio, concentran las principales fuentes de ingresos de Cuba “en beneficio de unos pocos miembros del régimen”.
El secretario de Estado también adelantó que la administración estadounidense tomará nuevas acciones próximamente. “Por cierto, vamos a tomar más medidas”, afirmó.
Rubio indicó además que durante su encuentro con el papa León XIV no se abordó el tema de las sanciones, aunque sí conversaron sobre ayuda humanitaria para Cuba.
En ese contexto, señaló que Estados Unidos ha destinado seis millones de dólares en asistencia humanitaria canalizada a través de Cáritas y aseguró que Washington incluso ofreció 100 millones de dólares adicionales para ayuda relacionada con huracanes, propuesta que —según dijo— no habría sido aceptada por el Gobierno cubano.
“Estados Unidos quiere ayudar a Cuba, que está sufriendo a causa de este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía”, declaró Rubio.
Las sanciones contra Gaesa forman parte del endurecimiento de las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump, quien firmó recientemente una orden ejecutiva para ampliar las restricciones económicas y comerciales contra la isla, incluyendo a empresas extranjeras vinculadas a sectores estratégicos como energía, defensa, seguridad y finanzas.
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