La preocupación por la imparable violencia armada en al menos una decena de comunidades en el estado de Chiapas (México), ha provocado que alrededor de 3.000 personas huyan de sus viviendas, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores.
Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas señala que en los últimos días se han producido 47 ataques en diez comunidades del municipio de Aldama, provenientes de un grupo armado que actúa desde Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.
Se trata de ataques con armas de alto calibre que no han cesado y han provocado que los habitantes de estas comunidades queden sitiados. Su única alternativa es huir para intentar refugiarse en las montañas.
Pedro Faro, director de la organización, menciona que el desplazamiento forzado y el uso de las armas son los impactos de esa violencia. Además, recuerda que «en este territorio donde el Estado no está poniendo atención» ahora se desarrollan «una serie de actividades ilegales criminales» como la trata de personas, el robo de autos, el tráfico de armamento y también el tráfico de enervantes y drogas.
A pesar de que el conflicto existe desde hace décadas, en los últimos cuatro años se ha agudizado la lucha por la tenencia de tierras, pues los municipios de Aldama y Chenalhó reclaman como suyas 60 hectáreas de las orillas del río que los divide.
Si bien existe un acuerdo sobre el tema de los terrenos, todavía no han concluido los procesos de deslinde, incluso, es probable que ni siquiera hayan iniciado o se hayan expedido los títulos de propiedad.
En la zona opera un grupo paramilitar que hostiga a los habitantes de Aldama, sin embargo, la Secretaría de Gobernación considera que los disparos no solo vienen desde Chenalhó, sino también desde la propia comunidad de Aldama, sugiriendo que existe un fuego cruzado entre vecinos.
Por su parte, la Administración federal ha intentado resolver el conflicto. «El último acuerdo se llamó el acuerdo definitivo del problema entre Aldama y Santa Marta Chenalhó» a través de la firma de acuerdos de paz», explica Faro.
Sin embargo, la violencia se mantiene y parece acentuarse cada día. «La violencia sigue más, cada vez hay más violencia, hay más riesgo a la vida y a la integridad», destaca el líder de la organización, asegurando que han denunciado las condiciones ante el temor de que se pudieran producir masacres.
El problema incluso ha acaparado la atención de la comunidad internacional. En abril, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una medida cautelar para la protección de la vida de los pobladores en 12 comunidades de Aldama, pues estas personas no pueden realizar sus actividades laborales con seguridad.
Asimismo, organizaciones civiles han hecho un llamado al Gobierno federal y estatal a evitar poner fin a la violencia que vive el pueblo maya tsotsil en esta región del estado de Chiapas.
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