República Dominicana. – El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de estrictas medidas de coerción contra cuatro directivas del Colegio Leonardo Da Vinci, por su presunta responsabilidad en la muerte por ahogamiento de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar realizada el pasado 14 de noviembre en Santiago.
La solicitud —depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente— incluye una garantía económica de RD$50 millones para cada imputada, impedimento de salida, presentación periódica y el uso obligatorio de localizadores electrónicos, debido al alto riesgo procesal y a la gravedad de las imputaciones.
Las acusadas son:
• Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa
• Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general
• Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora
• Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario
El Ministerio Público las responsabiliza de garantizar la supervisión y seguridad de los estudiantes durante la excursión, deber que, según la acusación, fue incumplido de manera “alarmante y negligente”.
A las imputadas se les atribuye homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal, así como abandono y maltrato de menores, sustentado en el artículo 351-2 del mismo código y el artículo 14 de la Ley 136-03.
De acuerdo con la investigación, las directivas movilizaron 87 estudiantes con solo tres cuidadoras, sin salvavidas, sin personal formado para vigilancia acuática ni protocolos mínimos de seguridad. Tampoco verificaron si los menores sabían nadar, pese a que la actividad se desarrolló en piscinas de la Hacienda Los Caballos, en Gurabo.
El expediente incluye un video que el Ministerio Público describe como prueba de una “negligencia extrema”.
La investigación está encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, bajo instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Como acción complementaria, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Educación una inspección integral del centro educativo para garantizar el cumplimiento del principio del interés superior del niño y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
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Medidas de coerción tienen que venir fuertes, porque fue una vida que se perdió.
Eso fue una irresponsabilidad grande de ese colegio, la niña merecía protección