Naciones Unidas ha denunciado este viernes el cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, y ha asegurado que podría tener un efecto paralizador en la actividad y los defensores de los Derechos Humanos, que se verían cohibidos a actuar en el país.
En una carta dirigida al Gobierno nicaragüense el lunes, expertos de la ONU han asegurado que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones «representa un claro patrón de represión del espacio cívico».
El Ejecutivo dirigido por Daniel Ortega, con la aprobación del Parlamento de Nicaragua, ha suspendido a más de 700 organizaciones sociales, 487 de ellas solo en el último mes, según datos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
«Si bien se ha observado el cierre del espacio cívico desde los disturbios políticos de 2018, el cierre de organizaciones se ha acelerado como resultado de una Ley de Agentes Extranjeros de 2020 y una Ley de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) de 2022, que se ha hecho cumplir recientemente», ha detallado Naciones Unidas en un comunicado.
«Lamentamos ver que, una vez más, la legislación contra el terrorismo y el blanqueo de dinero se está utilizando indebidamente para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales», ha expresado la ONU en la carta.
En este sentido, el Alto Comisionado ha sostenido que los cierres no solo han afectado a las organizaciones de Derechos Humanos –incluidas las que trabajan por los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas–, sino también a aquellas que promueven los valores democráticos y contrarrestan los efectos negativos del cambio climático.
