Daniel Ortega asumió este lunes por quinta vez (cuarta consecutiva) como presidente de Nicaragua en medio de un extenso rechazo de la comunidad internacional a las elecciones en las que resultó reelegido el pasado noviembre y con la ausencia de la mayoría de líderes de América Latina.
Desde dentro y fuera de Nicaragua se denunció que las presidenciales no contaron con las garantías democráticas suficientes, después de que la mayoría de los candidatos opositores fueran detenidos o se exiliaran en el extranjero.
Ortega asumió el cargo un día después de que se instalara la nueva Asamblea Nacional, en la que oficialismo controla 75 de los 91 escaños.
Pocas horas antes de la toma de posesión de este lunes, la Unión Europea anunció una nueva ronda de sanciones en contra dos de los hijos de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo.
El bloque también anunció sanciones contra miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el superintendente de Bancos de Nicaragua.
De la misma manera, el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado de EE.UU. anunciaron nuevas sanciones contra personas relacionadas con las fuerzas militares y policiales nicaragüenses.
En su anuncio de las sanciones, la UE habló de «un esfuerzo por socavar la democracia» por parte de los sancionados.
Ya en noviembre de 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) había emitido una declaración, firmada por 25 de los 34 países miembros de la organización, rechazando la cuarta elección consecutiva de Ortega luego de advertir que las elecciones «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática».
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