«No merece una tumba» Dilema en Perú por evitar homenajes al líder de Sendero Luminoso

Después de la muerte de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, la organización que asesinó a decenas de miles de personas en los años 80 y 90 y cuyo nombre se convirtió en símbolo de violencia extrema en contra de la población peruana surge el conflicto de qué hacer con el cuerpo del terrorista.

Guzmán murió el sábado pasado, a los 86 años de edad y en prisión. Cumplía ya dos décadas de la cadena perpetua a la que fue condenado después de haber sido detenido en 1992.

La disyuntiva del Gobierno es que si se le entierra en algún cementerio, se puede convertir en un lugar de peregrinación de sus admiradores. Y de ninguna manera se pueden permitir homenajes a un terrorista. Desde el Gobierno manejan la posibilidad de incinerarlo y tirar las cenizas al mar, o sepultarlo en secreto, en un lugar al que nadie pueda ir a reivindicarlo ni a profesarle admiración.

La Ley General de Salud establece que si un cuerpo no es reclamado por nadie en un plazo de 36 horas, queda bajo custodia de la Fiscalía de la Nación, órgano que, a su vez, decide si dona los restos con fines de investigación o los manda a cremar en algún cementerio público.

Por eso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, ya le pidió a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que opte por la cremación, ya que la sepultura podría afectar «el orden público y la seguridad de la sociedad», porque se convertiría en un «lugar de culto» que el Estado peruano de ninguna manera debe avalar.

El problema es que el cuerpo sí ha sido reclamado para enterrarlo. El pedido lo hizo Elena Iparraguirre, una dirigente de Sendero Luminoso que también cumple condena a cadena perpetua. Ambos se casaron en prisión 2015, en una breve ceremonia, pero jamás se les autorizaron visitas conyugales.

A través de su abogado, Iparraguirre tramitó una carta poder para autorizar a que Iris Quiñones, otra integrante de la organización terrorista que ya está en libertad, pueda identificar y enterrar a Guzmán. Apeló al derecho de sepultarlo acorde con sus creencias religiosas.

Pero la respuesta fue negativa. Además, la mujer fue sancionada, ya que el Instituto Nacional Penitenciario dispuso su incomunicación al descubrirse que el sábado, cuando murió Guzmán, ella realizó llamadas telefónicas en las que pidió honor y gloria en su memoria, lo que se encuadra en el delito de apología del terrorismo.

En los medios, en las redes y en las calles, se discuten los crímenes de Guzmán, se recuerda una época plagada de violencia política y se exigen posiciones más firmes del Gobierno. En el Congreso, la mayoría de las bancadas ya se pronunció en favor de la incineración. En una página abierta, se están recolectando firmas bajo el lema: «No merece una tumba».

Algunos abogados ya advirtieron que la decisión no es tan fácil porque puede implicar represalias por parte de quienes todavía hoy simpatizan con Sendero Luminoso. Y tiene razón, porque en algunas comunidades han aparecido mensajes que exigen que el cuerpo sea entregado a la viuda. Además, otros grupos ya organizaron marchas para exigir ver los restos de quien todavía consideran como su líder.